La Junta de Andalucía firmó este viernes con representantes de UGT y CCOO el acuerdo sobre el decreto de reordenación del sector público entre las quejas de decenas de funcionarios. Y es que el último acuerdo cerrado con UGT y CC OO no parece ser suficiente para calmar el nerviosismo que ha cundido entre funcionarios y personal laboral. Denuncian que el objetivo de este decreto es el de convertir en funcionarios a unos 25.000 trabajadores de las empresas públicas, motivo por el que el PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto del Ejecutivo de José Antonio Griñán.
La Junta habla de “campaña de manipulación” contra este decreto que, como explicaba la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, tiene como objeto dotar al conjunto del personal empleado público afectado por la reordenación (un total de 23.476 personas) de la máxima seguridad jurídica para la salvaguarda de sus derechos. En todo caso están obligados en la Junta a establecer los máximos consensos posibles en torno a una iniciativa que se ha convertido en un foco permanente de problemas.
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