El primer eje de la ley es el impulso a la competitividad, con la modernización de las explotaciones, la apuesta y fomento del riego (dentro de los límites de la Ley de Agua), el aprovechamiento energético de residuos, programas de innovación, nuevas tecnologías, etcétera. El segundo eje es la sostenibilidad, con el respaldo de la diversificación, a las zonas con desventajas naturales, y la producción ecológica y el uso eficiente de los recursos hídricos.
Una de las novedades de la norma es el contrato territorial, esto es, un acuerdo concreto que pueden suscribir zonas productoras o explotaciones individuales con la Administraciones. En los contratos quedarán definidos los compromisos para mejorar la producción, la sostenibilidad o la vertiente social de la zona, con la contrapartida económica que recibirán en cada caso. "Es una fórmula de colaboración público-privada; una parte la podrán los explotadores y otras las Administraciones, que puede ser una [Agricultura] o varias [Cultura, ayuntamientos y diputaciones]", en palabras de la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera.
Mientras que organizaciones agrarias como UPA han considerado "muy útil" la futura ley, la patronal Asaja la calificó de "bla,bla,bla innecesario y vacío", que no aborda temas como el almacenamiento privado y soluciones eficaces al problema más acuciante, que es el hundimiento de los precios.
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