Fármacos

Las exigencias europeas de control del déficit de las cuentas públicas españolas están provocando en el Estado de las Autonomías una reacción centralista y no pocas polémicas. Discrepancias entre la Junta y el Gobierno central que, a pesar de ser dos administraciones de igual color político, no dudan en defender cada una aquello que es de su interés.

En los últimos días ha saltado a la palestra la tensión que experimentan actualmente la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad a cuenta del proyecto del SAS de sacar a subasta el suministro de principios activos. Es una medida más encaminada a cumplir con los objetivos de control del déficit público (Andalucía debe mantener el déficit en el 2,4% del PIB regional en 2010), de acuerdo con la hoja de ruta dictada por el Ministerio de Economía. Así, el SAS quiere conseguir precios más baratos en los medicamentos que sus médicos recetan a los pacientes en los centros de salud mediante un concurso público, pero se ha topado con el rechazo frontal de las oficinas de farmacia, las empresas de distribución y los laboratorios fabricantes (que detectan perjuicios económicos), así como de la Administración sanitaria central, que se siente despojada de sus atribuciones competenciales exclusivas, como la de fijar los precios de los medicamentos.
La propuesta de la Junta consiste en adjudicar por concurso los principios activos más vendidos de forma que, a partir de ese momento, las farmacias estarían "obligadas" a dispensar ese medicamento al atender recetas médicas. Las farmacias tendrán que vender el fármaco "al precio que, formalmente, haya comunicado el SAS al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos", señala la propuesta de Salud, que añade que este precio será el que resulte de restar al importe máximo establecido por el Ministerio el descuento ofertado por el laboratorio que resulte adjudicatario en el concurso público y de sumarle los márgenes establecidas por ley para la venta, distribución e IVA.

El Gobierno central alude a una invasión de competencias estatales, sin embargo la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Mª Jesús Montero, insiste en que "todas las propuestas y borradores de trabajo" que tiene encima de la mesa acerca de este tema "son perfectamente legales".  El proyecto cuenta con el respaldo jurídico de la Junta, pero aún es un borrador y, recuerda la consejera, “cuando se llegue a un acuerdo o propuesta firme, en caso de que alguna autoridad o administración entienda que se vulnera algún principio de legalidad, está en su derecho de recurrirlo".